El tribunal de distrito federal de EE. UU. dictaminó una orden temporal que prohíbe a Arizona presentar cargos contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi al amparo de la ley de juegos de azar. El juez consideró que la Comisión de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) tiene jurisdicción exclusiva, y que el gobierno estatal no puede excederse.
El tribunal de distrito federal de EE. UU. emitió recientemente un fallo en la disputa legal entre la plataforma de mercados de predicción Kalshi y el gobierno de Arizona. El fallo prohíbe temporalmente que el estado aplique las normativas relacionadas con los juegos de azar dirigidas contra dicha plataforma, y al mismo tiempo suspende los procesos penales relacionados. Este fallo aclara preliminarmente el orden de prioridad entre el gobierno federal y los gobiernos estatales respecto de la supervisión de los productos financieros derivados.
El juez de distrito Michael Liburdi señaló en su dictamen que la CFTC ya ha presentado pruebas suficientes para demostrar que los Event Contracts (“contratos de eventos”) ofrecidos por el mercado de predicción cumplen con la definición de Swaps en la ley de operaciones con productos básicos. De acuerdo con esta normativa, la CFTC tiene jurisdicción exclusiva sobre los productos que se negocian en el mercado de contratos designado. El juez considera que la ley federal tiene prioridad en la supervisión de este tipo de productos financieros; por lo tanto, el intento de Arizona de regular dicho mercado mediante normativas estatales de juegos de azar excede los límites de las facultades de ejecución. Tras la publicación de esta orden, la audiencia de presentación ante el tribunal para el control de la detención prevista para el lunes fue cancelada, lo que muestra que los tribunales federales tienden a proteger un marco unificado de supervisión para los mercados financieros a nivel nacional.
La fiscalía de Arizona presentó previamente 20 cargos por contravenciones contra Kalshi, alegando que la plataforma acepta ilegalmente apuestas relacionadas con resultados de elecciones políticas, eventos deportivos universitarios y el desempeño individual de los jugadores, y subraya que el estado prohíbe estrictamente los negocios de apuestas sin licencia. Sin embargo, Kalshi sostiene que su modelo de operación no es el de un juego de azar tradicional, sino que ofrece a los clientes la compraventa de contratos de “sí” o “no” sobre resultados de eventos. Kalshi sostiene que entre los clientes se realizan intercambios de riesgo, no apuestas entre jugadores y la banca como en los juegos de azar tradicionales, sino que la naturaleza de la actividad es la de un producto financiero.
Arizona es el primer estado del país que emprendió acciones contra una plataforma de mercados de predicción, lo que desencadenó un efecto dominó. Además de Arizona, Kalshi también enfrenta presión legal en Utah y en Iowa. En la actualidad, los resultados de los fallos de los jueces varían según la jurisdicción: Nevada y Massachusetts respaldan las prohibiciones del gobierno estatal, mientras que Nueva Jersey y Tennessee dictaron sentencias favorables para la plataforma.
El gobierno de Trump ha mostrado una postura favorable hacia los mercados de predicción; incluso, mediante organismos federales, ha presentado demandas contra Connecticut, Arizona e Illinois, cuestionando la interferencia de las autoridades locales con las actividades de supervisión federal, y argumentando que utilizar la ley estatal para atacar a empresas financieras en cumplimiento sentará un precedente peligroso.
El desarrollo de las plataformas de predicción está estrechamente entrelazado con fuerzas políticas. El hijo mayor del presidente Trump se desempeña como asesor de Kalshi y Polymarket, y también es inversor de esta última. La plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, planea lanzar un mercado de predicción basado en criptomonedas llamado Truth Predict.
Kalshi sostiene que si cada estado ejecuta por separado sus leyes de juegos de azar, se pondrá en riesgo la supervivencia de la plataforma y se dañará la integridad y la liquidez de los contratos. Kalshi considera que el proceso penal iniciado por Arizona tiene como objetivo interferir con los procedimientos civiles existentes. El portavoz de la oficina del fiscal general de Arizona, Taylor (Rich Taylor), no está de acuerdo con la suspensión del fallo contra Kalshi por parte del juez y señaló que evaluará las acciones posteriores.
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