La Oficina de Policía de Corea del Sur está elaborando nuevas directrices para la confiscación de activos virtuales, incluyendo por primera vez la gestión de monedas de privacidad y carteras de software, además de planear un mecanismo de custodia privada en respuesta a la controversia por la fuga de 320 BTC.
La Oficina de Policía de Corea (KNPA) está en proceso de crear unas nuevas directrices para la gestión de la confiscación de activos virtuales, que por primera vez incluirán el tratamiento de las “monedas de privacidad”. Según reportes de medios coreanos como Asia Economy, la policía ha finalizado el borrador de las directrices y ha incorporado formalmente un plan para gestionar las “carteras de software” como una base importante para la confiscación y custodia de activos encriptados con mayor anonimato en el futuro. Esta acción también refleja que las autoridades coreanas están acelerando la mejora del sistema de gestión de activos digitales tras recientes fallos en la protección y custodia de los activos confiscados.
Según Asia Economy, anteriormente la policía generalmente almacenaba los activos virtuales confiscados en carteras frías (hardware wallets), pero este método suele ser insuficiente para las monedas de privacidad. Debido a que algunas monedas de privacidad requieren instalar software especializado en una computadora o servidor y crear una cartera dentro del programa, sus claves privadas suelen guardarse en archivos o cadenas de texto, en lugar de gestionarse únicamente mediante dispositivos físicos, lo que genera diferencias en los métodos de custodia respecto a activos principales como Bitcoin. El informe indica que esto también ha llevado a que en el pasado, los agentes operaran las carteras de software sin regulaciones claras, en una situación casi “fuera del marco oficial”, aumentando la confusión y los riesgos prácticos.
El informe también señala que, debido a que las monedas de privacidad pueden ocultar información sobre las partes involucradas y los montos de las transacciones, han sido consideradas durante mucho tiempo como más susceptibles a ser utilizadas en delitos y lavado de dinero. Casos de delitos sexuales en “habitaciones N” en Corea y actividades de lavado de dinero relacionadas con Corea del Norte han puesto atención en este tipo de activos anónimos. Este es uno de los motivos por los cuales la policía ha decidido incluir la gestión de monedas de privacidad en las nuevas directrices de forma independiente.
Según datos, si se calcula con el precio de mercado al 17 de este mes, en los últimos cinco años la policía coreana ha confiscado activos virtuales por un valor total aproximado de 54,5 mil millones de won, de los cuales unos 50,7 mil millones corresponden a Bitcoin y aproximadamente 1,8 mil millones a Ethereum. Esto solo considera casos con procedimientos judiciales completados; si se incluyen situaciones en las que los sospechosos se niegan a entregar las contraseñas de las carteras, la cantidad confiscada podría ser aún mayor. Además, debido a la alta volatilidad de los precios de los activos encriptados, su valoración puede variar significativamente según el momento de la evaluación.
La policía de Corea del Sur ha admitido que su modo de operar ha cambiado. Antes, las evidencias físicas se almacenaban en depósitos, pero ahora deben gestionar direcciones de carteras y claves privadas. Esto significa que los activos virtuales no solo representan nuevas formas de ganancias ilícitas, sino que también están obligando a las fuerzas del orden a establecer un proceso completo que abarque desde la confiscación y sellado hasta la custodia segura.
Además de ajustar las directrices, la Oficina de Policía de Corea planea completar la selección de una empresa de custodia privada en la primera mitad de 2026. En 2025, la policía realizó tres licitaciones para encontrar un gestor externo capaz de encargarse de la custodia de los activos confiscados, pero todas fracasaron, debido a que las empresas solicitantes eran de tamaño pequeño, tenían poca estabilidad o el presupuesto era insuficiente. Según informes, el presupuesto asignado actualmente es de solo 83 millones de won (aproximadamente 55,600 dólares), lo cual es claramente insuficiente considerando los riesgos que deben afrontar las empresas.
Medios coreanos también citan opiniones de expertos que advierten que si las carteras y las frases de recuperación se gestionan de forma dispersa en diferentes agencias policiales, será más fácil que surjan fallos en el control. Los expertos sugieren que el gobierno debería considerar establecer un mecanismo de custodia pública más centralizado y profesional, que gestione de manera unificada los activos digitales de alto riesgo, reduciendo así errores internos y riesgos de seguridad.
La aceleración en la creación de directrices de confiscación también está relacionada con recientes fallos en la custodia de Bitcoin por parte del gobierno. El 23 de enero, la Fiscalía de Gwangju detectó durante una inspección rutinaria que aproximadamente 320 BTC, confiscados en agosto de 2025, habían desaparecido. Posteriormente, el 19 de febrero, la fiscalía informó que los Bitcoin robados habían sido devueltos por hackers desconocidos, y el 10 de marzo anunció que habían vendido los activos y entregado aproximadamente 31.59 mil millones de won al tesoro nacional.
Este incidente pone de manifiesto que, al gestionar activos virtuales, las instituciones gubernamentales enfrentan no solo la volatilidad de los precios, sino también mayores riesgos de seguridad y control interno en comparación con las evidencias físicas tradicionales. La propuesta de nuevas regulaciones por parte de la policía no solo busca reforzar aspectos técnicos, sino que también pretende establecer una estructura de gobernanza más adecuada para la era digital, en un contexto donde la escala de las confiscaciones continúa creciendo.
La iniciativa de Corea del Sur para crear nuevas directrices de confiscación de activos virtuales, incluyendo monedas de privacidad y carteras de software, refleja un cambio en su enfoque, que pasa de la gestión tradicional de evidencias físicas a la seguridad y gobernanza de activos digitales. Si se logra seleccionar una entidad de custodia privada, las autoridades coreanas podrían avanzar hacia un modelo de gestión más centralizado y regulado de los activos encriptados. Para el mercado, esto no solo representa una adaptación en los procesos legales internos, sino también una señal de que los gobiernos están reconociendo cada vez más que, en el contexto de los delitos relacionados con activos encriptados, “cómo custodiar de forma segura” se ha convertido en un aspecto tan importante como “cómo confiscar”.