Acabo de notar algo interesante sobre la ola de adopción de cripto a nivel estatal en EE.UU. Indiana acaba de autorizar que los planes públicos de jubilación y ahorro accedan a bitcoin y ETF de spot, una medida que probablemente el gobernador Mike Braun firmará en los próximos 10 días. Lo curioso es que Indiana no está sola en esto.

La tendencia es bastante clara: al menos 7 estados ya han avanzado en integrar productos de criptomonedas en sus marcos de inversión pública. Wyoming, Wisconsin, Michigan y Arizona están entre ellos, y Arizona en particular ha sido bastante agresivo en esto. De hecho, casi la mitad de los gobiernos estatales en EE.UU. ya están invirtiendo o considerando invertir parte de su dinero en cripto. Un análisis reciente de CoinDesk muestra que 21 estados están en este camino, principalmente enfocados en bitcoin, que actualmente cotiza alrededor de $77.67K.

Mucho de esto aceleró después de que Trump ordenara a su administración establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin. Estados como Arizona, Tennessee, Oklahoma y Nebraska ya aprobaron legislación permitiendo que ciertos fondos públicos compren criptomonedas. Es parte de la estrategia más amplia de posicionar a EE.UU. como la capital mundial de la cripto.

Pero aquí viene lo importante: el mismo día que Indiana aprobó esto, también prohibió el funcionamiento de kioscos de moneda virtual en todo el estado. Y hay una buena razón para eso. En Evansville, Indiana, los residentes perdieron aproximadamente $400,000 en estafas vinculadas a estos cajeros automáticos solo en 2025. El FBI estimó que en la primera mitad de 2025, los estadounidenses perdieron $240 millones por fraude con cajeros automáticos de cripto, y recibió casi 11,000 denuncias en 2024, un aumento del 99% respecto al año anterior.

Incluso el Fiscal General de Massachusetts presentó una demanda contra Bitcoin Depot, alegando que permitió que criminales utilizaran sus máquinas para estafar usuarios. Así que mientras vemos esta adopción institucional de bitcoin y criptomonedas a nivel estatal, también estamos viendo un lado oscuro muy real. La regulación es necesaria, pero el reto es hacerla de forma que no sofoque la innovación legítima.