Posible venta de activos criptográficos: cómo la decisión de MSCI podría afectar al mercado

La empresa global más influyente en la provisión de índices se prepara para un paso que potencialmente podría desencadenar una venta masiva de activos digitales. El motivo es que MSCI propone revisar los criterios de inclusión de empresas en su índice base de mercados en los que se puede invertir.

Qué exactamente cambia y cuándo

La nueva propuesta contempla excluir del índice mundial a aquellas empresas cuya participación en activos criptográficos supere la mitad de su cartera total. La votación y aprobación de las reglas están programadas para el 15 de enero de 2026, y la implementación de los cambios podría comenzar ya en febrero de ese mismo año.

Escala del impacto potencial

Según los pronósticos de analistas financieros, tal medida podría obligar a unas 39 empresas públicas a realizar operaciones de enajenación de activos digitales por un valor de $10 a $15 mil millones simplemente para mantenerse en el índice. La capitalización total de estas organizaciones es de aproximadamente $113 mil millones, siendo Strategy (, anteriormente conocida como MicroStrategy), la que más impacto sentiría, representando cerca del 74,5% de esta suma.

El mayor riesgo para una sola empresa

Los expertos de JPMorgan han realizado cálculos sobre la magnitud de la salida de fondos de los fondos que siguen a MSCI. Según sus estimaciones, Strategy en sí misma podría enfrentarse a una crisis de liquidez de $2,8 mil millones debido a la reorientación de las carteras de fondos de inversión.

Cómo podría desarrollarse en la práctica

Algunas empresas, en su afán por mantener su posición en el índice, podrían adelantar la decisión oficial y reducir voluntariamente su participación en activos criptográficos a un 50% o menos. Estas acciones podrían provocar ventas significativas en el mercado, generando una ola de volatilidad en Bitcoin y otros activos digitales.

La opinión pública

La reacción negativa a la propuesta ya se ha manifestado: más de 1268 personas han firmado una petición en contra de esta decisión. Los críticos señalan que esta política hacia los activos digitales como clase está sesgada, considerándola un enfoque discriminatorio hacia el sector tecnológico en desarrollo.