Según declaraciones recientes, la aplicación de un límite de tasa de interés efectivo a partir del 20 de enero tiene implicaciones legales para los emisores de tarjetas de crédito. El incumplimiento del límite establecido podría exponer a las instituciones financieras a violaciones regulatorias. La política representa un cambio importante en la forma en que se supervisarán y regularán las tasas de préstamo en adelante.