Recientemente escuché una tendencia política interesante: un político de un país de América del Sur está promoviendo un plan de reserva estratégica de Bitcoin a nivel nacional. Esta persona enfatizó durante su campaña que establecer una reserva oficial de Bitcoin no solo es técnicamente factible, sino que también puede ayudar al país a optimizar la estructura de sus reservas en divisas extranjeras.

Esta idea en realidad no surgió de la nada. Tomando como referencia el precedente del presidente de El Salvador, que en 2021 incluyó Bitcoin como moneda de curso legal y comenzó a acumular reservas nacionales en Bitcoin. Ahora parece que esta práctica también está empezando a recibir reconocimiento a nivel político en otros países.

Desde una perspectiva macro, cada vez más países están reevaluando el papel de Bitcoin en la asignación de activos nacionales. Las reservas en divisas tradicionales enfrentan presiones de depreciación, y Bitcoin, como activo no soberano con una oferta fija, está atrayendo la atención de los responsables políticos de diferentes naciones. Es una tendencia a largo plazo — ya no limitada a instituciones y particulares, sino que se eleva a un nivel estratégico nacional.

Aunque todavía es una promesa en la fase de campaña, refleja que los activos criptográficos están siendo gradualmente integrados en temas de política mainstream. Lo que sigue por observar es si más países seguirán este camino.