Controlar los permisos podría reducir drásticamente los costes de infraestructuras: esa es la propuesta detrás de la Ley de Permisos. Un debate reciente destacó cómo la agilización de los procesos de aprobación podría acelerar los plazos de los proyectos y, al mismo tiempo, reducir los gastos. La legislación propuesta pretende eliminar los cuellos de botella burocráticos que suelen retrasar la construcción y aumentar los presupuestos. Si se reduce la burocracia regulatoria, los promotores podrían ver construcciones más rápidas y precios más bajos. El concepto se centra en hacer que los proyectos a gran escala sean más viables económicamente a través de la eficiencia administrativa, en lugar de limitarse a invertir más dinero para resolver los problemas. Si este enfoque da resultado dependerá de su ejecución, pero el énfasis en la optimización de procesos frente al gasto adicional supone un cambio significativo en la estrategia de infraestructuras.