Tras recibir una multa de $140 millones impuesta a su plataforma de redes sociales, un destacado multimillonario tecnológico exigió públicamente la disolución de la Unión Europea. La sanción se deriva de las continuas disputas regulatorias entre la plataforma y las autoridades de la UE respecto a las políticas de moderación de contenidos. Este enfrentamiento creciente pone de manifiesto la tensión cada vez mayor entre los grandes actores tecnológicos y los organismos reguladores, un punto de fricción especialmente relevante en el ámbito cripto y Web3, donde las plataformas suelen chocar con la supervisión gubernamental. La explosiva reacción del ejecutivo demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los magnates de Silicon Valley para oponerse a lo que consideran un exceso regulatorio. Ya sea que se perciba como una defensa justificada de la libertad de expresión o como un ataque imprudente a las instituciones democráticas, este conflicto subraya una lucha más amplia: ¿cuánto control deberían ejercer los gobiernos sobre las plataformas digitales en un mundo cada vez más descentralizado?