Se desata el drama regulatorio: la Comisión de la UE impuso una multa de 120 millones de euros a cierta plataforma social por problemas de transparencia, para luego ser descubierta explotando una brecha en el sistema publicitario para inflar artificialmente las métricas de vídeo. La plataforma respondió cancelando su cuenta publicitaria y solucionando la vulnerabilidad. ¿La ironía? Una autoridad que castiga a otros por falta de transparencia mientras manipula las cifras de interacción por sí misma. Este incidente plantea preguntas sobre quién vigila a los vigilantes en la gobernanza de plataformas descentralizadas.